CECILIA GUZMÁN
Dice el refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta.
Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias. La oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”.
El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, [cuyo video se reproduce aquí],
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reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que “les habían producido pingües beneficios”. Las empresas de la familia En el listado presentado por la oposición socialista aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M. Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”, “Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro. La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido. Los Peñalver, “los naranjitos” Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban”, según el diario La Verdad. Veintiséis de cuarenta y cinco Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu. En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra. Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.
La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos. Urbanismo especulativo y riqueza Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia.
Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. "Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio Pujant.
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